Internacional de Servicios Públicos La federación sindical internacional de lxs trabajadorxs de los servicios públicos

Queremos un mundo en el que todxs tengan agua pública y potable en el grifo siempre que la necesiten.

Queremos un mundo en el que la energía pública limpia llegue a nuestros hogares y se gobierne en el interés público.

Queremos un mundo en el que estos servicios esenciales se proporcionen a todxs, independientemente de su capacidad de pago.

Queremos un mundo en el que lxs trabajadorxs que prestan estos servicios puedan vivir con dignidad, respetando sus derechos sindicales y las condiciones de empleo de calidad.

Sin embargo, la privatización del agua, el saneamiento y el sector de la energía ha sido promovida implacablemente por los políticos de la austeridad y por muchas instituciones mundiales, entre ellas el Banco Mundial y el FMI.

Los modelos de pago por el usuarix y el aumento de los precios hacen que muchas familias tengan dificultades para pagar las facturas y una grave falta de inversión puede provocar catástrofes como la crisis del agua de Flint.

Si bien los servicios públicos pueden parecer una cuestión local, su calidad y gobernanza están estrechamente vinculadas a las políticas y cuestiones mundiales. Es preciso cuestionar las instituciones mundiales y regionales que imponen políticas de privatización o austeridad.

El FMI lo admite: "el aumento de la inversión en infraestructura pública eleva la producción tanto a corto como a largo plazo, en particular durante los períodos de recesión económica".

La resistencia a la privatización debe organizarse localmente, pero la lucha puede beneficiarse del apoyo regional y mundial.

Luchamos junto con activistas laborales y comunitarios por agua limpia y de calidad, servicios de saneamiento y energía para todxs.

Servicios de distribución, gestionados por el interés público

Los servicios públicos esenciales, como el agua y la energía, deben funcionar en el interés público. Requieren inversiones a largo plazo y deben responder a las comunidades locales y al medio ambiente en lugar de a los accionistas extranjeros.

Sin embargo, con demasiada frecuencia estos servicios se privatizan, a menudo a través de asociaciones público-privadas, lo que socava su finalidad social, y deriva en un aumento de las tarifas para lxs ciudadanxs, una disminución de la rendición de cuentas y una gobernanza no democrática.

El agua es la vida

El acceso al agua potable es esencial para la supervivencia de todxs lxs seres vivos. El saneamiento seguro es clave para reducir las enfermedades y los males. Esto significa que el agua debe ser gobernada como un bien público común.

Cientos de ciudades ya han elegido remunicipalizar su suministro de agua

El abastecimiento de agua y el saneamiento son monopolios naturales: simplemente no tiene sentido hacer funcionar un conjunto de tuberías paralelas o construir depósitos o plantas de tratamiento paralelos para servir a una ciudad o región. Esto significa que estos servicios simplemente no funcionan basados en la dinámica "normal" del mercado. Hay un montón de pruebas que demuestran por qué no se debe dar a las empresas privadas poderes de monopolio, especialmente cuando se trata de servicios públicos esenciales. Este es absolutamente el caso del suministro de agua.

Cuando se les da a las corporaciones el control del suministro de agua, normalmente cortan los salarios, despiden a trabajadorxs e intentan minimizar el poder de los sindicatos. Otras tácticas utilizadas para incrementar el lucro incluyen la exclusión de los barrios pobres, con menores tasas de pago de facturas, de la zona geográfica de responsabilidad de la empresa o la instalación de medidores prepagados que inhabilitan el acceso al agua hasta que se realice el pago.

Décadas de privatización del agua en todo el mundo han llevado a impactos desastrosos en las comunidades locales. La buena noticia es que la tendencia está cambiando. Cientos de ciudades ya han elegido remunicipalizar su suministro de agua y los sindicatos están desempeñando un papel clave en la lucha por el control público. Sabemos que estas batallas no pueden ganarse sin la participación de activistas y sindicatos locales. La ISP los apoya compartiendo los conocimientos de campañas de todo el mundo y oponiéndose a los continuos intentos de instituciones mundiales como el Banco Mundial de promover el programa privado del agua.

La energía como un derecho humano

Luchamos por un mundo en el que la producción y distribución de energía limpia se rija por el interés público y con la plena participación de las comunidades locales.

La energía es lo que mantiene en funcionamiento la civilización moderna. Pero la generación de energía basada en combustibles fósiles y la extracción de beneficios a corto plazo está destruyendo nuestro entorno natural y los bienes comunes. Más de 3.000 millones de personas no tienen acceso a los servicios energéticos modernos

La privatización de los servicios energéticos está bloqueando el acceso universal y llevando a demasiadas personas a la pobreza energética. Las grandes corporaciones energéticas violan constantemente los derechos de lxs trabajadorxs mientras pagan miserables regalías para extraer cada vez más recursos de la tierra.

El modelo neoliberal de desregulación, desagregación y privatización de la producción y distribución de electricidad ha fracasado.

Ha fracasado para lxs trabajadorxs de la energía cuyos salarios, condiciones de trabajo y seguridad laboral son atacados, y cuyos sindicatos son a menudo desmantelados.

Ha fracasado para las familias y comunidades cuyas tarifas aumentan para pagar los beneficios corporativos, los dividendos de los accionistas y las campañas de marketing masivo para vender los mismos electrones bajo diferentes etiquetas.

Sólo cuando la energía se gestione como un servicio público podremos cambiar a la economía más limpia y ecológica que necesitamos.

Los sindicatos y una Transición Justa

Sabemos que el cambio a una economía de bajo carbono causará graves trastornos a lxs trabajadorxs y las comunidades. Muchos de nuestros miembros han trabajado en trabajos que dependen de los combustibles fósiles durante décadas y sus preocupaciones no pueden ser ignoradas. No vamos a rehuir estas difíciles cuestiones.

Estamos construyendo el caso para una fuerte intervención del gobierno en el sector de la energía para asegurar nuevos empleos verdes para lxs trabajadorxs desplazadxs por la transición energética. Luchamos por su derecho a una nueva capacitación y desarrollo de habilidades.

Las corporaciones son incapaces de equilibrar las necesidades sociales de la comunidad y las necesidades del medio ambiente con sus imperativos de maximizar su lucro.

La crisis climática no se abordará con éxito con soluciones basadas en el mercado o por los actores que han negado el problema durante tanto tiempo. Tenemos que romper el enorme poder financiero, industrial y político de los grandes contaminadores sobre nuestros gobiernos. Los sindicatos tienen un papel clave que desempeñar tanto en la construcción de la voluntad política necesaria para crear una economía verde como en la representación de los intereses de lxs trabajadorxs durante la fase de transición.

Necesitamos soluciones del sector público

Las fuentes de energía renovables, especialmente la solar y la eólica, ofrecen opciones para la producción descentralizada de electricidad. Esto permitirá a las comunidades locales y a los sindicatos desarrollar una producción de energía colectiva que responda a los entornos locales. En lugar de subsidios para aquellos que poseen propiedades y pueden permitirse instalar fuentes renovables, necesitamos soluciones colectivas desarrolladas a nivel municipal.

Luchamos por servicios energéticos limpios y de calidad, dirigidos en interés de las comunidades locales, lxs trabajadorxs y el medio ambiente.

Ayudamos a los sindicatos a resistir la privatización y a fomentar el retorno a la propiedad y la gestión pública.

Respaldamos la campaña mundial 'Droit à l'Énergie' que busca que la Asamblea General de la ONU reconozca el derecho humano a la energía.

Debemos actuar urgentemente para garantizar el acceso universal a servicios energéticos públicos fiables y con bajas emisiones de carbono, con una transición justa y equitativa para lxs trabajadorxs y las comunidades afectadas.

Como Presidente del Sindicato de Trabajadores del Agua de Salónica, Giorgos ha estado en la primera línea de la lucha contra la privatización de su servicio de agua, impuesta por la Troika.

Su sindicato trabajó con los activistas locales para organizar un referéndum en toda la ciudad sobre el programa de privatización del agua. A pesar de que el 98,2% de lxs votantes optó por mantener el control público, la Troika sigue presionando por la privatización, con la multinacional francesa Suez dispuesta a comprar una parte significativa.

CAccede a la historia completa de la lucha por el agua pública en Salónica viendo el documental de la ISP, Algo en el agua.(EN)

Desarrollando los argumentos por servicios públicos de distribución

La ISP patrocina investigaciones de alta calidad que pueden ser utilizadas por los sindicatos nacionales y locales para preparar sus estrategias de resistencia y elaborar sus mensajes.

La investigación de la ISP también se utiliza para presionar a los responsables políticos. A nivel local y nacional, la investigación apoya los argumentos de los sindicatos. Puede mostrar que lo que parece ser una decisión muy local o incluso nacional es de hecho parte de un empuje regional o incluso mundial. Puede servir para abrir los ojos de los responsables políticos y de su personal a los problemas sistémicos del enfoque de la privatización.

Nuestras investigaciones constituyen la base de nuestro trabajo de cabildeo ante las instituciones regionales y mundiales, como los bancos regionales de desarrollo y las instituciones regionales especializadas (por ejemplo, el Banco Africano de Desarrollo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, etc.). También la utilizamos en nuestra labor de promoción ante instituciones mundiales como el Banco Mundial, el FMI, los organismos de las Naciones Unidas, la OCDE, etc.

Más información sobre nuestra investigación aquí.

Fortalecimiento de las alianzas

Las campañas contra la privatización (o a favor de los servicios públicos de calidad) son intrínsecamente políticas. Las decisiones clave son tomadas por funcionarixs elegidxs, que luego pasan las decisiones para su aplicación a los organismos de ejecución.

Esto significa, por ejemplo, que el/la gestor/a de las obras de agua y alcantarillado de la ciudad no será la persona que decida a favor o en contra de la privatización. El/la alcalde y el consejo municipal pueden tomar la decisión. O puede ser el/la gobernador/a del estado o de la provincia. O puede ser el gabinete nacional, con el papel clave del ministerio de finanzas y posiblemente incluso del primer/a ministrx o presidentx.

Por lo tanto, cualquier campaña contra la privatización debe crear suficiente presión política para contrarrestar las presiones a puertas cerradas de los defensores de la privatización. De manera crucial, significa que los sindicatos necesitan actuar en alianzas con otros grupos de la comunidad o del país.

A menudo, lxs miembros de tales alianzas nunca han trabajado juntxs. Por lo tanto, es importante actuar con la suficiente antelación para crear confianza entre los socios de una alianza. Esta confianza es crucial, especialmente porque las campañas pueden requerir acciones rápidas e imprevistas. También requiere que los socios de la alianza reconozcan sus propias fortalezas y debilidades, de manera que puedan reforzarse y complementarse mutuamente