Internacional de Servicios Públicos La federación sindical internacional de lxs trabajadorxs de los servicios públicos

La única manera de lograr los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la justicia social es prestar servicios públicos de calidad para todxs. Esos servicios también contribuyen a la economía en general al proporcionar infraestructura pública, investigación e innovación, una fuerza de trabajo sana y capacitada e instituciones de justicia y reglamentación sólidas y estables.

Los servicios públicos han demostrado sistemáticamente ser más eficientes y eficaces cuando son propiedad del público y están administrados por él.

Sin embargo, la insuficiencia de la inversión en servicios públicos e infraestructura está dando lugar a un menor crecimiento, a una mayor desigualdad, a una menor cohesión social y a una reacción política tóxica que alimenta la austeridad, el nacionalismo y la xenofobia.

Muchas corporaciones ven al sector público como un nuevo mercado para la extracción de beneficios. Promueven una serie de mitos, incluyendo la eficiencia de la competencia privada despiadada.

Uno de los principales impulsores de la privatización es el beneficio esperado producido por los recortes de empleo generalizados y los menores costes laborales. La privatización se utiliza para romper los sindicatos, los convenios colectivos, bajar los salarios y las condiciones laborales e introducir el trabajo precario.

Lideramos la lucha mundial contra la privatización, compartiendo estrategias e investigaciones para ganar la lucha por los servicios públicos, accesibles para todxs.

Privatización: contra el interés público

La privatización, la subcontratación y los recortes afectan de manera desproporcionada a los sectores con tasas más elevadas de trabajadoras y reducen servicios como el cuidado de lxs niñxs, que contribuyen a aliviar la carga de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado.

Esto reduce la integración de las mujeres en el mercado laboral.

La decisión de privatizar se toma rara vez con la participación y el consentimiento de lxs afectadxs o con la información adecuada.

Instituciones externas como el Banco Mundial han impuesto sistemáticamente privatizaciones a las comunidades locales como parte de sus infames Programas de Ajuste Estructural.

En lugar de exigir a las empresas y a lxs muy ricos que paguen su parte de los impuestos, el aumento de la deuda pública se utiliza como pretexto para privatizar los activos, como en Grecia y en otros lugares.

Incluso cuando se vota a un gobierno para poner fin a las privatizaciones fallidas, estos contratos, combinados con la influencia de instituciones como la troika, restringen de manera significativa su capacidad de remunicipalizar sin tener que hacer grandes pagos a los inversores.

Mientras tanto, los costos de los fracasos de los proyectos o de los aspectos "no rentables" de los servicios públicos (como la prestación a lxs ciudadanxs más pobres que no pueden permitirse pagar las facturas) son casi invariablemente asumidos por el público.

Una fallida "solución de desarrollo”

A pesar de la oposición pública generalizada y de los constantes fracasos, la privatización sigue siendo promovida por las instituciones mundiales como la vía del desarrollo.

Las Naciones Unidas han hecho de la inversión privada un elemento clave de la agenda de 2030 y el G30 y la OCDE se han hecho eco de los llamamientos en favor de un aumento de la inversión privada en los servicios públicos y la infraestructura.

Estas instituciones promueven un "entorno propicio" de legislación y reglamentación para atraer y proteger a los inversores privados, financiando la infraestructura como una clase de activos y utilizando los servicios financiados por el gobierno para preparar una corriente de proyectos privados rentables.

Se alienta a los Estados a que utilicen los escasos fondos públicos -incluidos los impuestos, los fondos de pensiones y la asistencia oficial para el desarrollo (AOD)- para compensar los riesgos para los inversores privados. Mientras tanto, los acuerdos comerciales se redactan para promover y asegurar las privatizaciones.

APPs - nueva imagen de la privatización

Los sindicatos y nuestros aliados de la sociedad civil han tenido un éxito increíble al hacer de la privatización un término políticamente tóxico.

Por eso las corporaciones y lxs políticos están dando una nueva imagen a la "privatización" bajo el término "asociaciones público-privadas"(APP), lo que sugiere una especie de acuerdo en el que todxs ganan. Esto es raramente el caso.

Las APP hacen que el público asuma el riesgo mientras que el socio privado obtiene los beneficios.

Los contratos, que a menudo se negocian en secreto, son muy favorables para las empresas, a las que se suele garantizar un porcentaje de utilidad que se paga con cargo al presupuesto público.

Este proceso alimenta la corrupción financiera y política, y las grandes corporaciones son sorprendidas constantemente pagando sobornos para obtener contratos lucrativos.

Asociaciones público-PÚBLICAS

Una alternativa clave a las APP son las Asociaciones Público-Públicas (PUPs por sus siglas en inglés).

Esto implica servicios públicos sólidos, por lo general a nivel municipal, que se vinculan con servicios públicos más débiles en otras partes del mundo para resolver conjuntamente los problemas y mejorar la calidad del servicio, a menudo mediante la transferencia de conocimientos técnicos, preservando al mismo tiempo el empleo decente.

Cuando los gobiernos no renuevan los contratos con los operadores privados, o los rescinden anticipadamente, las PUPs ofrecen una forma viable de acceder a los conocimientos técnicos y mejorar los servicios.

La resistencia a la privatización debe organizarse localmente, pero la lucha sólo puede ganarse con el apoyo regional y mundial.

Las instituciones que imponen y promueven las políticas de privatización o austeridad, como el FMI o el Banco Mundial, deben ser cuestionadas a nivel mundial, mientras que las coaliciones locales de activistas laborales y comunitarios deben concientizar sobre los peligros de la privatización y desarrollar su poder para oponerse a estas políticas.

La ISP es el vínculo entre las luchas contra la privatización en todo el mundo.