El desarrollo no sólo se trata de crecimiento económico. El desarrollo se mide más eficazmente por la educación, la atención de la salud y otras dinámicas humanas para las que se han creado los servicios públicos.
El desarrollo sostenible sólo se logrará si los gobiernos de todo el mundo aumentan drásticamente la financiación pública necesaria para hacer frente a los desafíos del mundo
Debemos erradicar la pobreza, abordar el cambio climático, garantizar el trabajo decente, así como una educación de calidad, reducir las desigualdades y construir sociedades pacíficas e inclusivas para todxs. Estos desafíos no son menores: y la respuesta de los gobiernos no puede ser menor.
Las instituciones financieras mundiales y regionales son responsables de las decisiones económicas, financieras, comerciales y monetarias que facilitan el camino a las empresas privadas, descuidando al mismo tiempo el impacto social que sus decisiones producen. Una gobernanza multilateral más sólida en el marco del sistema de las Naciones Unidas es la alternativa para proteger los intereses de todxs..
Un mundo con cero carbono y cero pobreza está a nuestro alcance, pero requiere esfuerzos colectivos e inclusivos. Sin embargo, el papel legítimo de los sindicatos y lxs trabajadorxs de defender sus derechos, proteger sus intereses y contribuir a sociedades más justas está siendo atacado en todo el mundo. Lxs sindicalistas son objeto de intimidación, violencia e incluso asesinato.
El desarrollo sostenible sólo se logrará si los gobiernos de todo el mundo aumentan drásticamente la financiación pública necesaria para hacer frente a los desafíos del mundo.
Si los gobiernos se toman con seriedad la lucha contra la pobreza y las desigualdades, los salarios y el trabajo decente deben estar en el centro de la Agenda 2030. La disminución de la proporción de los salarios como parte del PIB en todo el mundo es una realidad que debe ser resuelta. Una carrera en disminución de los impuestos y los salarios no dará lugar a un futuro sostenible. Los servicios públicos con sensibilidad de género, la educación pública gratuita de acceso universal y los servicios sociales y de salud, incluso para lxs migrantes y lxs refugiadxs, son esenciales para crear un desarrollo económico y social sostenible y combatir la pobreza y las desigualdades.
Vemos la paradoja de una Agenda 2030 que empuja a la implementación nacional de los ODS, mientras que el proceso de FfD no permite la política y el espacio fiscal. La coherencia de las políticas, los reglamentos, la transparencia y la inversión pública - a través de una sólida gobernanza inspirada en un proceso participativo democrático - deberían ser la prioridad. Para cumplir el propósito de la Agenda 2030, es necesario resolver la contradicción entre la necesidad de una inclusión social basada en los derechos y el actual modelo económico orientado a la obtención de lucro, y abordar la realidad de los frágiles derechos humanos y la rígida legislación comercial.
Por lo que respecta a la implementación de los ODS, pedimos que se aborden las cuestiones sistémicas y la reforma del sistema de impuestos de las corporaciones, incluso mediante la creación de un organismo intergubernamental dentro de las Naciones Unidas, para luchar contra la evasión fiscal, abolir los paraísos fiscales y restablecer los sistemas de tributación progresiva, y considerar la adopción de un impuesto fijo para las corporaciones como medida de transición.
MÁS INFORMACIÓN
PSI is a partner of the Reflection Group on the 2030 Agenda for Sustainable Development and together with other civil society organizations and networks has produced the annual Spotlight Report assessing the implementation of the 2030 Agenda and the structural obstacles in its realization.
Se estima que se necesita una inversión de 90 billones de dólares en infraestructura para el 2030 para implementar los ODS. Estamos profundamente preocupados por la creciente privatización de los servicios públicos, incluso a través de asociaciones público-privadas. Estas no son de ninguna manera una vía rápida para la realización de los ODS, sino que socavan la calidad, la equidad, así como los derechos humanos, y muy a menudo incurren en costos adicionales a largo plazo. Las APP son inadecuadas e infructuosas para los servicios esenciales y críticos: privatizan los beneficios y socializan los riesgos. Sugerimos que se convoque un proceso a nivel mundial, a través del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), para hacer un balance y evaluar si las APP son adecuadas para su propósito.
El impulso de una mayor participación del sector privado en la aplicación del ODS 6, se presenta ante la creciente evidencia de que la privatización del agua y el saneamiento ha sido perjudicial, especialmente para lxs más marginadxs y vulnerables, y que las corporaciones tienden a utilizar el poder del monopolio para generar ganancias excesivas sin invertir en infraestructura.
Al desarrollar soluciones para la financiación y aplicación del ODS 6, los responsables de la adopción de decisiones deben reconocer los cientos de experiencias de remunicipalización de los últimos 15 años que aportan pruebas no sólo de los fracasos del sector privado, sino también de soluciones para mejorar los servicios públicos. En cuanto a la energía, ya hemos visto a demasiados Productores Independientes de Electricidad utilizar sus Contratos de compraventa de Electricidad legalmente vinculantes para desviar el dinero de lxs contribuyentes a sus accionistas. El modelo de PPI-PPA resulta ser una vergüenza para demasiadas comunidades.
A su vez, la financialización de la vivienda se opone directamente a la idea de que la vivienda es un derecho humano vinculado a la dignidad personal, la seguridad y la capacidad de prosperar en las comunidades, y desempeñó un papel importante en la crisis financiera de 2008.
Dadas las repetidas referencias a la política "basada en la evidencia" a lo largo del proceso del ODS, nadie puede ignorar las pruebas procedentes de las comunidades que han rechazado firmemente la privatización. En lugar de promover las APP fracasadas, el proceso de ODS debería considerar las asociaciones público-públicas que están surgiendo en todo el mundo.
Además, los gobiernos deben respaldar los marcos normativos y de políticas necesarios para que el sector privado pueda contribuir al cumplimiento de los derechos humanos y los objetivos de la Agenda 2030 definidos a nivel nacional, en consonancia con el interés público, especialmente cuando se movilizan recursos públicos. Se necesitan otros pasos importantes: los gobiernos deben garantizar la transparencia y la responsabilidad de las inversiones de las corporaciones y crear los marcos reguladores necesarios para que las empresas cumplan con sus responsabilidades de "debida diligencia", tal y como prescriben los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En cuanto a las soluciones, lxs trabajadorxs y los sindicatos destacaron el papel fundamental del diálogo social como motor e instrumento de gobernanza del desarrollo sostenible. El diálogo social crea un sentido de propiedad local de la transición que las sociedades necesitan, fomenta el consenso y la inclusión social, facilita la aplicación de políticas, se consolida en las medidas acordadas y fortalece los procesos democráticos Ha sido un elemento central de las historias de éxito en materia de desarrollo, tanto históricamente como en la actualidad. Su papel debe ser reconocido y valorado en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN).
Las cláusulas laborales y ambientales en la contratación pública, así como la transparencia y la divulgación de los contratos públicos, son fundamentales para el desarrollo urbano sostenible. Para asegurar la financiación pública necesaria, las ciudades necesitan políticas coordinadas para luchar contra el fraude y la evasión fiscal y la corrupción. La protección de los espacios públicos y los bienes comunes frente a la privatización y el aburguesamiento tiene un efecto directo y positivo en la democracia y la equidad.
Es esencial situar firmemente los ODS -y los esfuerzos para apoyar su cumplimiento por parte de las instituciones financieras internacionales (IFI) y los organismos de las Naciones Unidas- en el marco de los derechos humanos, reafirmando la centralidad del Estado como garante de los derechos humanos. La orientación y la financiación de las IFI deben garantizar el espacio de políticas necesario para que los gobiernos promulguen medidas reglamentarias, de aplicación y fiscales para promover sus programas de desarrollo de propiedad democrática y basados en los derechos.
Las ONG en el FPAN declararon: "Observamos con preocupación muchos estratos de desconexión entre lo que se discute en estas reuniones y lo que sucede en el mundo exterior. Esto incluye la aparente falta de relevancia entre los debates de los Estados miembros aquí en la cámara del Consejo Económico y Social y en las cumbres bilaterales en todo el mundo; entre el gasto militar y la asignación presupuestaria para el desarrollo sostenible; entre la evidente necesidad de pisos de protección social universal y los dictados políticos del FMI. La financiación privada sólo puede complementar, no reemplazar, los recursos públicos nacionales e internacionales. Además, instamos al FMI a que deje de impulsar la "consolidación fiscal" en los países, ya que las políticas de austeridad y los impuestos regresivos obstaculizan gravemente la capacidad de los países para financiar la aplicación de los ODS".