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A través de la construcción de una nueva Carta Magna para el país, tenemos la posibilidad de visibilizar lo que durante años venimos planteando desde la ISP: la defensa de los derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as requiere de servicios públicos de calidad como base de una sociedad justa y una economía fuerte; una fiscalidad justa y progresiva; una regulación de los acuerdos comerciales, así como también revertir la privatización del agua y promover el Trabajo Decente para el conjunto de los/as trabajadores/as, incluyendo la erradicación del trabajo precario en el sector público.