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El dirigente fue a juicio debido a declaraciones hechas en una reunión privada realizada en 2019 entre distintos movimientos sociales costarricenses. En esta entrevista, él afirma el carácter político de la demanda y señala que esta tenía el “evidente interés estratégico de usarnos como chivo expiatorio para silenciar a todas las personas que quieran seguir luchando en este país”.