Hace más de 40 años que el Chile de Pinochet, el Reino Unido de Thatcher y el Estados Unidos de Reagan nos trajeron la privatización a gran escala de los servicios públicos, ampliada por el ajuste estructural del FMI y los requisitos del Banco Mundial exigidos a los países en desarrollo.

El experimento de privatización no ha sido una cuestión de "mayor eficiencia", sino de debilitar el papel del gobierno y reducir los derechos de todas las personas. 

La Internacional de Servicios Públicos y sus afiliadas han experimentado de primera mano las consecuencias de este enorme experimento social: mayor desigualdad, inestabilidad social, pérdida de fe en nuestras instituciones democráticas, y gobiernos demasiado débiles y timoratos para desafiar el creciente poder de las corporaciones.

Las falsas promesas de la privatización respaldan los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y las políticas de Financiación para el Desarrollo. El G20, el Banco Mundial y la OCDE están haciendo todo lo posible por reenvasar el vino viejo y agrio de la privatización en botellas nuevas. Y el lobby corporativo está salivando ante la perspectiva de un sinfín de beneficios de los servicios públicos.

Sin embargo, los gobiernos locales están cada vez más desilusionados con las falsas promesas de la privatización que no proporcionan acceso universal a servicios públicos de calidad en sus comunidades. Cada vez son más las ciudades que vuelven a poner en manos públicas los servicios privatizados. La remunicipalización es una tendencia creciente, al igual que lo son las formas alternativas de prestación de servicios públicos locales.

París recuperó su servicio de agua en 2010 después de 25 años de gestión privada. Desde que asumió el control, la ciudad ha podido reducir las tarifas de agua en un 8% entre 2011 y 2015 (en comparación con el aumento del 260% entre 1985 y 2008). Las ciudadanas y ciudadanos y las trabajadoras y trabajadores participan activamente en las estructuras de los consejos de administración, y la empresa de suministro de agua promueve las prioridades sociales y ambientales. Más de 100 ciudades francesas han retomado el control de sus servicios de agua, entre ellas Grenoble, Montpellier, Rennes y Niza.  

Recientemente, el Gobierno del Camerún decidió no renovar su contrato privado de suministro de agua, ya que los agentes privados no han podido cumplir con los requisitos del contrato para ampliar los servicios.

La ciudad de Delhi, en la India, estableció centros de salud comunitarios públicos en barrios pobres, ya que no estaban siendo atendidos por los proveedores de salud privatizados. A un costo moderado, han brindado atención médica gratuita a por lo menos 2,6 millones de los residentes más pobres de Delhi.

En Australia, el estado de Queensland creó su propia empresa pública de energía totalmente renovable para cumplir su compromiso de producir el 50% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030.

El Ayuntamiento de Barcelona no renovó el contrato con el proveedor privado de energía y creó la pública Barcelona Energía para implementar las políticas de energía renovable de la ciudad.

En el Día mundial de los Servicios Públicos, la ISP declara que el debate sobre la privatización no ha quedado obsoleto. Nos oponemos a la ideología que pone en manos de las corporaciones con fines de lucro nuestros recursos colectivos y convierte a todas las personas en meros consumidores, desprovistos de derechos.

El hecho puro y duro es que las empresas privadas son intrínsecamente incapaces de ofrecer acceso universal a servicios públicos de calidad, ni para las personas ni para el planeta.