Compromiso secreto firmado en mayo entre los dos gobiernos causaría la pérdida de más de 200 millones de dólares en ingresos para la economía del pequeño país sudamericano. Protestas fueron impulsadas por el SITRANDE, afiliada a la ISP.

Acciones de presión y protestas impulsadas por el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, la compañía de electricidad de Paraguay, contribuyeron a que se suspendiera, al menos por ahora, a un acuerdo secreto entre los gobiernos paraguayo y brasileño firmado en mayo que modificaba los valores de la tarifa pagada por Brasil por la energía excedente de la hidroeléctrica de Itaipú que el Paraguay le vende.

Según las estimativas, el pequeño país sudamericano podría perder 200 millones de dólares en ingresos hasta 2022.

Además, demitieron cuatro integrantes del gobierno: el canciller Luis Castiglioni, el embajador Hugo Saguier, el titular de la Itaipú, José Alberto Alderete, y el recientemente nombrado presidente de la ANDE, Alcides Jiménez. Tanto la suspensión del acuerdo como estas demisiones se dieron momentos después de las protestas que tuvieron lugar el lunes, 29 de julio.  

“La lucha de los trabajadores del Paraguay derrumbó el acuerdo secreto sobre Itaipú Binacional que favorecía al gobierno de Jair Bolsonaro. Felicitaciones al SINTRANDE y a la ISP por este triunfo del pueblo de Paraguay. Es de enorme importancia la lucha del pueblo paraguayo por la soberanía energética de su país”, dice Sandro Alex de Oliveira Cezar, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Seguridad Social (CNTSS), de Brasil, quien participó de la protesta.

La movilización principal arrancó en la capital Asunción frente a la sede de la ANDE, donde se acusó a los involucrados en el acuerdo, incluso el presidente Mario Abdo Benítez, de “vendepatrias” y de entregar la soberanía de Paraguay a Brasil. Enseguida, los manifestantes marcharon hasta la sede del Congreso.

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno paraguayo tras las protestas del 29 de julio, el secretario general de SITRANDE, Esteban Montanía, afirmó a la prensa que seguirán presionando hasta que se logre realmente romper el acuerdo firmado.

A la ISP, Montanía afirmó:

“El tratado bilateral no es otra cosa que una entrega de nuestra energía por cuatro años a los brasileños, de forma más dañina aún porque no vamos a poder retirar más que el 6% de lo que está pactado. Así que si alguna industria quiere instalarse en nuestro país, no vamos a poder garantizarle energía eléctrica.”

“Los responsables tienen que salir de la estructura del gobierno, no pueden seguir tranquilamente ahí sin que sean castigados. Por lo menos sacarles de la función pública y de los lugares de confianza donde están porque es una vergüenza como se fueron a negociar”, concluyó Montanía.

El acuerdo

El documento firmado el 24 de mayo entre el canciller de Paraguay, Hugo Saguier y el de Brasil, Ernesto Araújo, fue filtrado dos meses después. Establece que Brasil accedería a más energía excedente, es decir, a bajo costo, mientras que Paraguay debería renunciar de ese beneficio y, en cambio, comprar más energía garantizada, es decir, de mayor costo, de manera gradual hasta el 2022. Los dos países comparten la operación de la hidroeléctrica de Itaipú.

“Lo más preocupante es le encarecer el costo para la ANDE, comprando más la potencia garantizada, y trayendo menos la energía no garantizada que es la más barata, y llevarse todo esto a los brasileños”, dice Montanía.

Eso podría también causar el aumento de la tarifa de energía eléctrica a la población en Paraguay, mientras que en Brasil la tarifa podría reducirse, explica Fernando Pereira, secretario nacional de Saneamiento da Federación Nacional de los Trabajadores de Servicios Urbanos (FNU), de Brasil. “Seguramente los ingresos a la economía de Paraguay van a reducirse, ya que Itaipú es una grande fuente de ingresos”, dice.

Hablando desde un punto de vista brasileño, Pereira dice que se debe pensar en el contexto para el futuro, cuando en 2023 deja de vigorar la obligación de que Paraguay le venda el excedente exclusivamente a Brasil.

“En ese caso, Brasil puede quedarse desabastecido, y tener problemas a causa de ello. Por ello, la mejor solución es llegar a un acuerdo razonable para ambas partes, y no pensar solamente en una ventaja presente para la población brasileña, sino que también en la estabilidad y seguridad energética de Brasil para el futuro”, afirma.

El jueves 25 de julio, en el marco del Encuentro Regional de Justicia Fiscal en América Latina, realizado por la ISP en Asunción, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Afiliados a la ISP en Paraguay (CONASAISP) divulgó un pronunciamiento de rechazo al documento firmado en mayo.

“Nuestro más profundo rechazo al acta de acuerdo firmada en secreto hace 60 días por considerar lesivo a los intereses del Paraguay cuya primera consecuencia ocasionará a la empresa de distribución de energía paraguaya ANDE una pérdida de 250 millones de dólares hasta el 2022. En términos sencillos este acuerdo representa una reducción de los precios de energía para el Brasil y un aumento para el Paraguay.

(…)

Calificamos de entreguista a los intereses nacionales la posición del Presidente de la República del Paraguay Mario Abdo Benítez por aceptar las imposiciones de su par brasileño, cuyas consecuencias son altamente perjudiciales para los intereses de la República, causando que la población paraguaya asuma los ajustes de elevación de la tarifa de energía eléctrica.”

Pero la filtración del acuerdo no desató reacciones solamente entre los movimientos sindical y social, sino que también en la política institucional. El Congreso paraguayo llegó a amenazar a poner en marcha a un juicio político en contra del presidente Mario Abdo Benítez si el acuerdo no fuese suspendido y si los responsables no fuesen demitidos.