Sus miembros han prestado incesantemente servicios públicos vitales durante toda la pandemia. Y nos preocupa que los poderes de monopolio otorgados a las empresas farmacéuticas por el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) signifiquen que las empresas puedan obtener beneficios extravagantes, mientras que lxs trabajadorxs y el público han hecho esfuerzos y sacrificios, trabajando incansablemente y a veces en circunstancias extremadamente difíciles, para asegurar que superemos la crisis.

Si no se aplican estas exenciones, las empresas farmacéuticas podrán impedir que otros fabricantes produzcan vacunas y medicamentos de COVID-19, impidiendo así la ampliación de la producción. Las normas de la OMC garantizan que las grandes farmacéuticas tienen el monopolio del mercado y pueden dictar los precios incluso a los gobiernos, que consumirán las finanzas públicas necesarias para una recuperación sana.

La exención de COVID-19 cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, UNITAID y ONUSIDA. La declaración de la ISP sobre estas propuestas está disponible en el sitio web de la ISP.

Animamos a su sindicato a que se ponga en contacto con su gobierno nacional para asegurarse de que son conscientes de que lxs trabajadorxs de la salud y otrxs trabajadorxs de los servicios públicos esperan que apoyen estas propuestas. Para ser implementada, la propuesta de exención debe ser aprobada por el Consejo General de la OMC antes de fin de año. El Consejo de los ADPIC es el órgano encargado de examinar la propuesta y enviarla al Consejo General de la OMC para su aprobación.

Por favor, escriban urgentemente a sus gobiernos. Una carta modelo está disponible para que la descarguen y la adapten.

El acceso universal a la vacuna Covid-19 es posible si los gobiernos aceptan la exención de la OMC

Declaración de la Internacional de Servicios Públicos

Lxs trabajadorxs que han venido prestando servicios públicos vitales durante toda la pandemia piden a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que apoyen la propuesta de la India, Sudáfrica, Kenya, Mozambique y Eswatini, de una "Exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, la contención y el tratamiento de COVID-19".

Las normas de propiedad intelectual (PI) establecidas para proteger los beneficios de las empresas farmacéuticas son una amenaza para la salud pública mundial y harán imposible la recuperación económica de los países en desarrollo en particular.

La pandemia ha exigido sacrificios extraordinarios a lxs trabajadorxs de todo el mundo. En algunos países, lxs trabajadorxs de la salud han trabajado en condiciones peligrosas, a menudo sin el equipo de protección personal adecuado, con horarios prolongados y a menudo con poco o ningún tiempo libre. Miles de trabajadorxs de atención de la salud han muerto. Cientos de millones de trabajadorxs han perdido sus empleos y medios de vida. No se debería permitir que las empresas farmacéuticas se beneficien de la pandemia haciendo valer el poder del monopolio mientras que todos los demás han hecho esfuerzos y sacrificios para superar la crisis.

La recuperación mundial requerirá que todos los países tengan acceso a toda la información, las investigaciones y los productos médicos necesarios para tratar el virus y evitar su propagación. Si se mantiene en secreto información crítica en aras de las ganancias o del "nacionalismo de la vacuna", millones de personas se verán infectadas innecesariamente.

Lxs trabajadorxs de la salud, lxs científicxs, lxs investigadorxs del sector público y lxs pacientes han compartido rutinariamente la información que recogen sobre el virus, confiando en que el intercambio de información contribuirá a la salud pública. Gran parte de la información que utilizan las empresas farmacéuticas procede de la investigación del sector público, las instituciones de salud pública, las tecnologías públicas y lxs trabajadorxs del sector público. Muchas vacunas y tratamientos para el COVID 19 se financian con el apoyo del gobierno. Las normas del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) obligan a los países a permitir que las grandes empresas farmacéuticas privaticen las innovaciones logradas con financiación pública.

Las normas de propiedad intelectual también permiten a las empresas farmacéuticas impedir que otros fabricantes produzcan las vacunas y medicamentos de COVID-19, impidiendo así la ampliación de la producción. Estas normas garantizan que las grandes farmacéuticas tienen el monopolio del mercado y pueden dictar los precios incluso a los gobiernos, que consumirán las finanzas públicas necesarias para una recuperación sana.

La Declaración de Doha sobre Salud Pública reafirmó las flexibilidades que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC para atender las necesidades de salud pública de los Estados miembros de la OMC. Sin embargo, aunque algunos Estados Miembros incluyeron la flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC en sus leyes nacionales, muchos no lo hicieron. Además, los países ricos suelen ejercer presión política sobre los países en desarrollo para que no utilicen la flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC.

Todos los gobiernos comprometidos con la salud pública mundial deberían demostrar su compromiso con la solidaridad apoyando la propuesta de exención relacionada con COVID-19 y haciendo permanente la exención de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC para los países menos adelantados. Para superar el desafío sin precedentes que presenta la pandemia de COVID-19, necesitamos que todos los países y todos los sectores de la sociedad contribuyan.

La Internacional de Servicios Públicos representa a más de 30 millones de trabajadores, entre los que se encuentran trabajadorxs de la salud, trabajadorxs de cuidados de ancianxs, trabajadorxs del agua, la sanidad y la energía, trabajadorxs de los servicios de emergencia y trabajadorxs que mantienen en funcionamiento los servicios y la administración de los gobiernos locales, provinciales y federales. Trabajaremos con nuestras afiliadas para asegurarnos de que los gobiernos nacionales sean conscientes de que lxs trabajadorxs de la salud y otrxs trabajadorxs de los servicios públicos esperan que apoyen estas propuestas de la OMC.